La justicia exige explicaciones a la Consejería de Sanidad por la privatización sanitaria.
Es la primera vez que la justicia pide a la Consejería de Sanidad que se pronuncie. Un juzgado estudia la paralización del proceso solicitada por el PSOE y anuncia la apertura de una pieza separada
La comunicación, emitida desde este tribunal acuerda, por un lado, la apertura de una pieza separada. Se pide a Sanidad que se pronuncie y aclare esta modificación de las condiciones y deja abierta la posibilidad de presentar un recurso de reposición en el plazo de cinco días.
Es el juzgado de lo contencioso administrativo número 28 de la capital quien solicita a la Consejería de Sanidad que se pronuncie en el plazo de diez dias sobre una de las medidas cautelares solicitadas por el PSOE para frenar este proceso. Los socialistas madrileños reclamaron ante la justicia su paralización después de que una de lascondiciones del concurso, ya adjudicado, se cambiaransobre la marcha.
Concretamente el aval, el depósito que las empresas que optaban a gestionar los hospitales, tenían que poner sobre la mesa y que se redujo -tal y como avanzó la Cadena SER en Madrid- a una cantidad diez veces menor para facilitar las opciones de estas empresas privadas.
La comunicación, emitida desde este tribunal acuerda, por un lado, la apertura de una pieza separada. Se pide a Sanidad que se pronuncie y aclare esta modificación de las condiciones y deja abierta la posibilidad de presentar un recurso de reposición en el plazo de cinco días.
La consejería de Sanidad, no ha querido realizar ningún tipo de declaración sobre esta noticia. Aseguran desde el departamento de Javier Fernández-Lasquetty que el proceso se ha realizado con total transparencia y dejan la posible respuesta que reclama el juzgado, en manos de sus servicios jurídicos.
La Consejería flexibilizó las condiciones
En la Consejería de Sanidad preocupa que alguno de los lotes que se ofertan pueda quedar desierto, y la prueba es que hasta el último momento han tratado de flexibilizar las condiciones para conseguir que las empresas no se vayan de la puja.
El departamento que dirige Javier Fernández Lasquetty tuvo que rectificar un nuevo detalle de los pliegos de condiciones sobre el papel. Hasta ahora las empresas estaban obligadas a presentar una garantía, a modo de aval, por un importe equivalente al 5% de la adjudicación del contrato, pero, ahora se ha modificado, y tendrán que aportar el 5% del importe del primer año. "Como el contrato es a 10 años, significa rebajar las garantías a una décima parte de lo que costaba originalmente", explica el diputado socialista Jose Manuel Freire.
Este ejemplo ilustra cómo la Consejería de Sanidad está suavizando las condiciones para evitar la fuga de empresas interesadas en la privatización. "El gobierno ha querido bajar las exigencias de garantías, esto se traduce en la preocupación del gobierno porque hay empresas que no se presenten", continúa Freire.
En la propia rectificación que firmó el pasado 3 de junio - a sólo 4 días de que se cerrase el plazo- la Viceconsejera de Sanidad se admite que esta corrección se produce en relación con las preguntas formuladas por los posibles licitadores.
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