Plan Lasquetty
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Vía legal
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1. La legitimación de AFEM y las ganas del TSJM de hincar el diente en el fondo del asunto de la fianza
En una pieza de medidas cautelares fechada a 31 de julio, el TSJM decide suspender por un plazo de cinco días la resolución sobre este recurso -en el que AFEM pide la suspensión cautelar del proceso-, para que la asociación "alegue y acredite su legitimación" para interponerlo. El TSJM advierte además a la Comunidad de Madrid, en esta providencia, que los actos posteriores al impugnado -la resolución de la Consejería de Sanidad que marcaba las condiciones del concurso sanitario- "se verían afectados en caso de acordarse las medidas cautelares solicitadas". Es decir, que el proceso de privatización puede ser interrumpido y revertido completamente en función de la resolución de los recursos pendientes, por lo que la actitud de la consejería de "huída hacia adelante" no resulta la más prudente.
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Parece que para la CAM nadie tiene legitimidad para discutir sus actuaciones. Con esta estrategia pretende que los tribunales no puedan pronunciarse sobre las manifiestas irregularidades de los pliegos, salvo que fueran las propias empresas licitadoras, obviamente afectadas directamente por los pliegos, las que interpusieran los recursos, cosa que parece improbable, cuando una de las cuestiones que se han planteado es la posible connivencia entre consejería y empresas para sacar adelante el concurso.
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En nuestra opinión, no jurídico-técnica evidentemente, la CAM estaría limitando el derecho a discrepar y a que se juzguen sus actuaciones. No sabemos si será legal -de eso se encargarán los abogados-, pero desde luego parece manifiestamente injusto. Los servidores públicos deben poder ser sometidos al escrutinio de los ciudadanos en todo momento, respondiendo de sus actos ante ellos y ante la ley. Y lo importante no es quién inicie el procedimiento de denuncia de las irregularidades, sino que los tribunales puedan pronunciarse sobre ellas libre y plenamente. Si esto se impide, no se podrá determinar su legalidad, y el proceso podrá seguir adelante de forma viciosa, siendo impredecibles las consecuencias futuras. Pero lo que no podrán decir ni políticos ni jueces es que no lo avisamos. Sobre ellos recaerá la responsabilidad que se pueda exigir en el futuro. Y sobre las licitadoras, el bloqueo e inmovilización de una sustancialmente menguada, pero no despreciable "fianza":
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