El pasado 3 de septiembre el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid ordenó la suspensión cautelar de la privatización de la gestión sanitaria de 6 hospitales madrileños. Más allá del resultado de esta decisión judicial, que parece ser se mantendrá hasta que exista una resolución definitiva del proceso, esta noticia ha tenido uno, o mejor dicho varios, impactos positivos en la lucha contra el proceso de reforma sanitaria liderada por el Sr. Fernández-Lasquetty de espaldas a los profesionales sanitarios:
- La resolución judicial se ha traducido en hechos materiales fácilmente identificables como son la salida de las concesionarias de los hospitales que iban a ser privatizados y en el inicio del proceso de renovación de los contratos actualmente en vigor para el personal sanitario de estos hospitales. Es la prueba de que el rodillo empleado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid no es inexorable. Es la demostración práctica de nuestro ¡Sí se Puede! Y esto es muy relevante pues pone de manifiesto la tesis mantenida por La Voz del HULP consistente en que el pretendido rodillo no era otra cosa sino la huida hacia adelante de un político que está comprometido de forma irreversible con un plan de fundamento erróneo, que además ha sido erróneamente planteado. Disfrutemos del momento pero sin olvidar que este no es el final. Queda mucho camino por recorrer y seguro que llegarán momentos peores. Simplemente hay que estar preparados.
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- Por primera vez la justicia entra de lleno en el fondo de la cuestión y entiende que la puesta en marcha de este Plan tendría una difícil marcha atrás y que, existiendo riesgo para los derechos fundamentales de los madrileños, y ante la labilidad de los argumentos justificativos del plan, la suspensión es procedente hasta que el procedimiento concluya de forma definitiva. El auto judicial, tildado por muchos de político, no hace sino exigir la puesta en marcha de una medida (suspensión) cuyo objetivo es garantizar que los derechos cuyo incumplimiento se ha denunciado no sean dañados de forma irreversible, lo cual es sin duda una de las misiones de la judicatura. Apoyando la tesis de la neutralidad mantenida por el juez está la diáfana postura del Ministerio Fiscal en este caso, alineada con la del magistrado. Esta concordancia de criterios entre juez y fiscal otorga una gran fortaleza jurídica a la suspensión y pone de manifiesto la legitimidad (en todos los sentidos) de los que estamos convencidos que el Plan Lasquetty vulnera derechos fundamentales.
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- Finalmente esta decisión judicial ha puesto de manifiesto el poco espíritu democrático (y deportivo u olímpico si nos lo permiten) de nuestros gobernantes. Las reacciones del Sr. Fernández-Lasquetty y del del Sr. Salvador Victoria criticando la decisión del juez y acusándole de haber actuado poco profesionalmente son tan poco aceptables desde el punto de vista democrático como beneficiosas para aquellos que defendemos que en este proceso sanitario nos jugamos algo más que una Sanidad Pública equitativa y de calidad, como es la salud de nuestra Democracia. Más allá de la crítica a la decisión judicial y buscando oxígeno el Sr. Consejero y su entorno mediático han sacado del congelador un auto del mes de julio que deniega la suspensión por motivos formales con la intención de restar valor, desinformando, a la decisión de la suspensión del proceso. Una vez más, todo esto ha servido para que el entorno mediático del Gobierno de la Comunidad de Madrid saliera al rebufo de sus primeras espadas quedando patente, una vez más, el aparato de comunicación que tienen a su disposición.
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Por todo ellos hoy hemos preparado una Revista de Prensa monográfica centrada en esta decisión judicial tan crucial para los que defendemos una Sanidad Pública de calidad. Hemos dividido las noticias en tres apartados para que vosotros mismos juzguéis: Hechos, Reacciones y Consecuencias.
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